Vivimos en un mundo cada vez más conectado. ¿Quién iba a pensar hace treinta años que estaríamos todo el día conectados a un dispositivo móvil, o que nos relacionaríamos con otras personas a través de redes sociales o incluso, que un televisor o un automóvil podrían estar conectados al ciberespacio? La realidad, es que estamos viviendo un tsunami digital que está incrementando la velocidad de todo tipo de cambios: económicos, tecnológicos y sobre todo, sociales y culturales. En este nuevo escenario aparecen nuevos riesgos (virus, ataques informáticos, hiperdependencia tecnológica, cibervigilancia, ciberseguridad nacional, cibercrimen,…). ¿Cómo nos podemos proteger de estos nuevos riesgos?
Una solución a estos riesgos digitales es el seguro. Cada vez más compañías de seguros ofrecen productos aseguradores que ayudan a gestionar estos riesgos digitales. En las noticias vemos cómo es más común que grandes empresas tienen grandes brechas de seguridad y son atacadas y robadas por cibercriminales muy bien organizados. El impacto de los riesgos digitales va a crecer de forma notable en los próximos años, y las empresas tiene en los seguros una vía para gestionar y transferir estos riesgos. Estos seguros especializados en los riesgos digitales se conocen como ciberseguros.
Ciberseguro es un producto de seguro que se utiliza para proteger a las empresas y usuarios individuales de riesgos basados en Internet, y más en general de los riesgos relacionados con la infraestructura de tecnología de la información y sus actividades. Los riesgos de esta naturaleza suelen ser excluidos de las políticas tradicionales de responsabilidad general o al menos no se definen específicamente en productos de seguros tradicionales. La cobertura proporcionada por las políticas de seguro cibernético o ciberseguros puede incluir la cobertura de primera parte contra pérdidas, tales como la destrucción de datos, la extorsión, el robo, la piratería y ataques de denegación de servicio; cobertura de responsabilidad compañías que indemniza por las pérdidas causadas a los demás, por ejemplo, por los errores y omisiones, la falta de protección de datos, o la difamación; y otros beneficios, como la seguridad, auditoría periódica, las relaciones públicas posteriores a los incidentes y los gastos de investigación, y los fondos de recompensa criminales.
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